El Gobierno impulsa un proyecto para derogar los impuestos internos en las tarifas.

Están obligados al cumplimiento de la ley los entes distribuidores o quienes fueren los responsables de la facturación por el cobro de servicios públicos

Mientras la oposición ratificó la convocatoria a una sesión especial para este miércoles en la Cámara de Diputados, para discutir distintas iniciativas destinadas a retrotraer el valor de las tarifas, el Gobierno tiene listo su proyecto para derogar los impuestos internos en las tarifas de los servicios públicos.

La iniciativa será presentada por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y alcanzará a todas las provincias y municipios del país, dice Infobae.

Según el texto del proyecto, "las facturas de los servicios públicos esenciales deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario, incluyendo solo el impuesto al IVA e Ingreso Brutos, si correspondiera" y "no se podrá incorporar en la facturación cualquier otro cargo, tasa o concepto" a los mencionados.

El proyecto se terminó de definir este martes en la Casa Rosada, durante la reunión de coordinación de la que participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el presidente de Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el jefe del bloque del Pro en la Cámara Baja, Nicolás Massot, y la vicepresidente Gabriela Michetti, entre otros.

El Poder Ejecutivo busca así "garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores a recibir una información adecuada, veraz y precisa", con respecto al consumo en los servicios de energía, gas y agua.


El artículo 3° del proyecto hace referencia a los alcances de la ley. "Están obligados al cumplimiento de la presente ley los entes distribuidores o quienes fueren los sujetos responsables de la facturación por el cobro de la prestación de servicios públicos, sean estos entes públicos o privados, independientemente de la figura jurídica que posean, y el alcance territorial de la prestación del servicio".

El proyecto aclara que los entes tanto públicos como privados deberán adecuar sus facturas en un plazo máximo de 30 días desde la promulgación de la ley. Además, se invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a realizar las adecuaciones normativas necesarias para su cumplimiento.

Finalmente, el proyecto incluye sanciones para los casos que se verifiquen incumplimientos a la normativa. Así, quienes infrinjan la ley serán apercibidos, multados (se le aplicará una multa económica en 10 a 10.000 veces el monto facturado indebidamente), y hasta la perdida de la concesión.

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