Provincias sacan cuentas y miran de reojo baja de Ingresos Brutos

Busca exenciones para agro, industria, pesca, minería y transporte a 2020. Construcción bajaría al 2% a 2022. Comunicaciones al 3% y la financiera, al 5%. El resto quedaría en 4%


Los gobiernos provinciales pasaron el fin de semana haciendo las simulaciones para conocer el impacto en sus cajas de la baja en el impuesto a los Ingresos Brutos y Sellos que propuso el Ejecutivo nacional el jueves pasado, pero que no contempla ninguna compensación del Tesoro.

Se trata de tender a un impuesto a las ventas, que baje gradualmente Ingresos Brutos hacia un 4% hacia 2022. Y que deje exento a las actividades productivas que contribuyen a las exportaciones.

Las alícuotas son iguales para todas las provincias pese a que hoy las situaciones locales son diferentes. Algunos distritos ya están por debajo de esas alícuotas, otras calculaban si el crecimiento del PBI podría compensar esa baja de IIBB, y para otras no quedaba claro si esos porcentajes son promedios, que respetan la progresividad de la facturación.

La idea del Ejecutivo central es que ese gravamen provincial, que hoy representa la mayor parte de los ingresos recaudatorios de las provincias, se cobre solo en las etapas finales de la cadena, pero, para las provincias, esa posibilidad depende de la proporción de actividad final (consumo) en su estructura productiva.

También Nación propone una reducción gradual en el impuesto a los Sellos: un compromiso a no elevar el impuesto sobre la venta de autos e inmuebles y aplicar una alícuota máxima de 0,5% desde 2019 hasta llegar a 0% en 2022.

El borrador también pide que se deje de cobrar el impuesto a la nómina de personal. Y solicita que los municipios acompañen la lógica de eliminar las distorsiones que generan las diferentes tasas de Seguridad e Higiene.

La negociación de estas modificaciones está prevista para esta semana, antes de la cita para firmar el nuevo pacto fiscal, el jueves próximo.

En Ingresos Brutos, al sector agropecuario; la pesca; la explotación de minas; la industria manufacturera y el transporte se les fijaría una alícuota de 1,5% en 2018, de 0,75% en 2019 y de 0% a partir de 2020. En tanto, electricidad, gas y agua comenzaría con 4% en 2018 para llegar a 0% en 2022.

Al sector de la construcción se le fijaría una alícuota de 2% desde el año que viene. Y a comunicaciones, del 3% a partir de 2018, salvo a l telefonía celular, que se gravaría con el 7% desde 2018 para bajar medio punto por año hasta el 5% en 2022.

Luego, comercio, hoteles y restaurantes, actividades inmobiliarias y servicios sociales y de salud se gravaría al 4% desde el próximo año.

En tanto, la intermediación financiera mantendría una alícuota alta, que partiría desde 6% el año que viene para bajar de manera gradual al 4% en cinco años. Pero los créditos hipotecarios deben permanecer exentos.

"No podemos llegar a 4%, tiene que ser más alto", ya preveía un ministro de Economía provincial. "Sería una reducción, el impuesto seguiría existiendo porque el gobierno nacional no ofrece nada a cambio. Por eso es difícil: si tenemos crecimiento de 3% a 3,5% y nos comprometemos a bajar impuestos a ese ritmo, se puede pretender llegar a un 5%", explicó.

Se entiende que las provincias grandes, como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires podrían compensar la baja de Ingresos Brutos con mayor actividad económica. Ellas ya avanzaron en eliminar el impuesto para los contribuyentes de otra jurisdicción, en línea con el fallo de la Corte Suprema sobre aduanas internas.

En tanto, se estima que podrían capturar la baja en Bienes Personales con un mayor impuesto inmobiliario, que también actualizaron, pero por ahora compensa una pequeña porción de la baja de las aduanas internas. "Estamos todos de acuerdo con el inmobiliario, pero no se puede hacer tan rápido", agregó el ministro.

La Nación también propone que se cree una oficina federal de catastro, que definir una metodología de valuación homogénea de las zonas urbanas y rurales y fijar una alícuota máxima de 1,5%.

El gobierno central no propone compensación por esta rebaja de impuestos, que en algunas provincias alcanza un 70% de los ingresos propios, por lo que algunos distritos ya plantean que se coparticipe el impuesto al revalúo de activos. En cambio, el Gobierno espera que la ley de Responsabilidad Fiscal (que prevé que el gasto no crezca en términos reales y la nómina de empleados públicos no lo haga sobre el crecimiento de la población) y la mejora en la actividad económica permita a las provincias avanzar con esta propuesta.

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