Lanzan un plan para hacer más competitivas las empresas


En 1983 Australia eligió transformarse. Luego de una crisis cambiaria y la estabilización de su moneda, el ministro de Industria, John Button, decidió reducir aranceles al sector manufacturero, comenzó una apertura gradual de la economía y empujó al Estado a otorgar asistencias directas a empresas y trabajadores para impulsar una transformación de los sectores sensibles de la economía. La ex colonia británica pasó de estar en el puesto 15 entre los países más ricos a ser el quinto el año pasado.

El Gobierno no pretende que la Argentina sea Australia, pero reconoce ese camino de cambio porque entronó dos conceptos clave: el gradualismo y el consenso.

Por eso hoy -una semana después de que se anunciara la eliminación de aranceles para importar computadoras y comenzara a trabajarse en bajar los precios de electrónicos fueguinos- se publicará en el Boletín Oficial una resolución conjunta de los ministerios de Producción y Trabajo que dará un marco (la letra chica estará en dos semanas) a un plan que las empresas argentinas puedan competir en el mundo.

El Estado otorgará a las firmas privadas asistencia técnica, un fondo de garantías y financiamiento barato para "favorecer la innovación y mejorar sus procesos productivos y modelos de negocios". En lo que queda de este año habrá $ 200 millones destinados a este programa (hasta un máximo de $ 140 millones por empresa "a tasa bonificada con períodos de pago prolongados)". Australia gastó entre 1991 y 1999 $ 13.502 millones para transformar su sector industrial.

El Estado dará además capacitación a los empleados que, dentro de una empresa que apueste a transformarse, tengan que cambiar de empleo dentro de la firma o se queden sin trabajo. Estos últimos recibirán un seguro de desempleo ampliado (una suma de hasta el 50% del último salario percibido hasta por seis meses), asistencia familiar integral y el Estado "facilitará su reinserción en otra empresa". Australia también lo hizo así.

El programa no incluye a los sectores del agro, la pesca y los servicios públicos, según informaron ayer el secretario de Transformación Productiva, Lucio Castro, y el de Trabajo, Ezequiel Sabor. Sí sumará a firmas "dinámicas" que tengan proyectos de inversión "genuinos y sustentables y generen empleo".

"Estos son temas que también hablamos en la mesa de diálogo para el trabajo y la producción. La idea es mejorar la competitividad sin bajar los salarios", contó Sabor. "Las empresas tienen 200 millones a demanda. No hay sectores inviables sino sectores con mayor o menor competitividad", agregó Castro cuando se lo consultó sobre si existía o no una planificación estatal de largo plazo que impulsara algunas actividades y dejara de lado otras. Sus palabras buscaron ser un mensaje para apaciguar la preocupación industrial que la semana que viene inundará la convención anual de la UIA en Parque Norte.

El Plan Productivo Nacional estima que en la Argentina hay 364.000 "empleos con necesidad de transformación" en sectores "latentes" (automóviles y autopartes, maquinaria agrícola y medicamentos) y "sensibles" (textiles, calzado, electrónica de consumo y muebles).

El Gobierno decidió impulsar su proyecto de transformación incluso antes de una reforma tributaria. Los empresarios reclaman a viva voz que la enorme carga tributaria -algo que el oficialismo les reconoce- los hace ser poco competitivos. Pero para el Ejecutivo es inviable una reforma con el enorme déficit fiscal. La pregunta que flota en el aire: ¿Es el nacimiento de esta transformación la luz verde para una mayor apertura comercial?

Cómo sumarse al plan

Para aplicar a la tranformación productiva, la firma interesada deberá llenar un aplicativo online. En 10 días la autoridad emitirá un dictamen para ver si la empresa puede ingresar

Esto permite que el proyecto sea evaluado. Cada mes la autoridad de aplicación seleccionará 10 empresas a las que les hará un análisis de factibilidad

Allí intervienen la Secretaría de Transformación Productiva, los ministerios de Trabajo y Producción y la Agencia de Inversiones. Se pueden pedir hasta $ 140 millones

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