La Cámara Argentina de Comercio manifiesta que el proyecto de ley sobre emergencia laboral resulta i

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la Nación obtuvo dictamen de comisión el proyecto de ley que busca suspender por el “término de 180 días los despidos o suspensiones de trabajadores, sin justa causa, tanto en el ámbito público como el privado. Esta normativa se aplicará a todos los trabajadores, sin importar la modalidad contractual” y regiría a partir de la sanción de la ley, sin período retroactivo.


Asimismo, obtuvo dictamen de mayoría en el día de ayer en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que declara la emergencia ocupacional y prohíbe los despidos en el sector público y privado hasta fines de 2017.

La Cámara Argentina de Comercio (CAC) manifiesta que resulta inoportuno y falto de fundamento, ya que, si bien existe una emergencia económica, en modo alguno se ha extendido al ámbito laboral de tal modo que justifique modificar los institutos existentes, sin lesionar la situación social del país.


El dictamen de mayoría de la Honorable Cámara de Diputados menciona que quedarán prohibidos desde el 1 de marzo de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017 los despidos tanto en el sector público como privado y quedarán renovados automáticamente los contratos con vencimientos, también que deberán ser reincorporados los trabajadores despedidos desde marzo y que los despidos que se produzcan durante ese período deberán ser resarcidos con la doble indemnización.


Si bien los problemas económicos generalmente se proyectan con consecuencias negativas en materia de empleo, no serán precisamente las inoportunas medidas de prohibición de despidos las que contribuirán a solucionar las dificultades, sino que, por el contrario, agravarán las mismas.


Aun cuando se reactive firmemente la economía, en virtud del ingreso de un flujo de inversiones, si existe una prohibición para el empleador de despedir difícilmente lo alentará a incorporar personal aun cuando por las razones antes mencionadas se torne necesario hacerlo.


A ello se debe agregar que los índices de litigiosidad y conflictividad seguramente se elevarán sensiblemente generando así una situación peor que aquella que se quiere evitar.


Por todas las consideraciones expuestas es que esta entidad, en nombre del sector empleador que representa, siendo el más numeroso del país, considera inconveniente el avance de proyectos de ley sobre dicha materia.

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