La Salada, modelo de corrupción

(*) Extracto de una nota editorial publicada ayer por el diario La Nación.


Evasión impositiva, trabajo en negro con explotación de personas, ocupación ilegal del espacio público y violencia por doquier con muertos y heridos como saldo. Todos estos delitos concentra La Salada, a su vez sinónimo de corrupción.

Como si en lugar de pertenecer a un municipio fuera un territorio independiente, en esas casi veinte hectáreas de Lomas de Zamora junto al Riachuelo todo es posible. Desde conseguir por muy poca plata ropa supuestamente de marca hecha en un taller clandestino hasta enfrentamientos a balazos que en los últimos dos meses dejaron tres muertos y un herido grave por un par de metros en los cuales colocar un puesto.

La Salada, compuesta originalmente por tres ferias oficiales (Punta Mogote, Ocean y Urkupiña), nació a fines de los 90 y tuvo su explosión en 2002, como consecuencia de la crisis económica.

Pero este enclave de impunidad fue creciendo hasta convertirse en el monstruo que es hoy gracias a las administraciones kirchneristas que dejaron hacer y se valieron de ella políticamente. También, por el comportamiento de una gran parte de la sociedad a la que no le importó ni le importa ir y comprar aunque sepa que el producto que se lleva es el fruto de una cadena delictiva.

En competencia francamente desleal con comerciantes legalmente establecidos, La Salada se nutre de productos elaborados en talleres que tienen prácticamente como esclavo a su personal, al que se le abonan centavos por cada hora de trabajo y, como lo denunció la organización civil La Alameda, en muchos casos no puede salir de sus lugares de trabajo durante varios días y vive allí en condiciones infrahumanas.

Nadie detuvo su crecimiento y su éxito comercial hizo que el modelo se extendiera a barrios de la ciudad de Buenos Aires, con fuerte presencia en las avenidas Pueyrredón, en la zona de Once; Avellaneda, en Flores; Rivadavia, en Liniers; la plaza Constitución, y hasta la mismísima avenida Santa Fe. En todos los casos, comerciantes legalmente establecidos que pagan altísimas sumas de alquiler e impuestos tienen esta competencia desleal.

El crecimiento de la ilegalidad no podría haberse producido sin la complicidad de los gobiernos del municipio, de la provincia y de la Nación, que ni siquiera reaccionaron cuando la propia agencia de recaudación tributaria bonaerense verificó los altísimos niveles de evasión del centro comercial.


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