Facultades de la AFIP para control de ventas con tarjetas de débito y crédito

El Centro Industrial y Comercial de Reconquista y la Federación del Centros Comerciales hacen saber a sus asociados sobre las facultades de la AFIP para el control de ventas con tarjeta y el modo en que el comerciante debe actuar ante una inspección del organismo.

En primer lugar, los comerciantes deberán saber que está prohibido cobrar más barato en efectivo que con tarjeta. Esta es una disposición legal clara e indiscutible.


Por otra parte, ante los requerimientos de AFIP por uso o instalación de Posnet, el comerciante debe saber que los inspectores de AFIP no tienen tales facultades. Por tanto el empresario puede negarse a dejar ingresar al inspector en su local, lo cual es perfectamente válido por la protección al domicilio y la propiedad privada.


Si igualmente entran y constatan la no instalación de Posnet, se recomienda firmar el acta en disconformidad, poniendo expresamente que no se reconoce el derecho de inspeccionar de la AFIP esta cuestión, que se rechaza la multa por no estar prevista en ninguna norma legal vigente y por la absoluta incompetencia de la AFIP en el tema. Las multas se pueden apelar en sede administrativa por el procedimiento de la ley 11.683.


Ante requerimientos de la Dirección o Secretaría de Comercio, el comerciante que no cuenta con Posnet lo puede justificar diciendo que no está obligado a su uso, que no ha celebrado ningún contrato con ninguna emisora de tarjetas de créditos o débito, porque no se lo ofrecieron o porque no aceptó los condicionamientos que le proponían.


Ante la elaboración de un acta de infracción en este sentido, el comerciante puede rechazar las facultades del organismo por no tener potestad para obligar a la contratación de un Posnet (contrato con la emisora), y reafirmar que los precios son únicos y no se realizan ningún tipo de descuentos.


Informe completo

Detallamos a continuación el informe completo emitido en el dia de ayer por FECECO sobre los precios con tarjetas de crédito y las facultades de la AFIP.


La obligación de fijar idénticos precios para las ventas al contado o con tarjeta de créditos tiene su fuente legal, principalmente, en el art. 37 inciso c) de la Ley 25.065 (Ley de Tarjetas de Crédito). Esta norma dice expresamente que el proveedor está obligado a “no efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta”.


El alcance de dicha obligación es la igualdad de precio para el comprador, es decir la imposibilidad de establecer descuentos, pagos diferenciales, rebajas o cualquier diferencia entre el pago al contado y el pago con tarjeta.


Asimismo, se debe indicar que el Decreto 1387/2001, ordena que los contribuyentes que realicen en forma habitual la venta de cosas muebles para consumo final o presten servicios de consumo masivo, deberán aceptar como medio de transferencias bancarias instrumentadas mediante tarjetas de débito (art. 47). Cabe destacar que este decreto es de dudosa constitucionalidad, por cuanto modifica leyes de fondo, invocando delegación de facultades legislativas el marco de la legislación de emergencia (Ley 25.414).


En este sentido, los decretos 1402/2001 y 1548/2001, delegan en la AFIP, las facultades de determinar excepciones a la obligación marcada anteriormente y establecer condiciones de aplicación y cronogramas para la entrada en vigencia de la misma.


El segundo de los decretos mencionados, establece nuevamente la obligación de aceptar como medio de pago las tarjetas de débito para los responsables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado, salvo en las siguientes situaciones: a) La presentación de la tarjeta de débito, para la cancelación del importe respectivo, sea realizada fuera de un local o establecimiento, b) La actividad se desarrolle en localidades cuya población resulte menor a CINCO MIL (5.000) habitantes, y c) El importe de la operación sea inferior a PESOS DIEZ ($ 10). Se delegan facultades en el Ministerio de economía para establecer incentivos para el cumplimiento de la normativa.


Por último, la Ley 25.345 dice que los pagos superiores a $1.000 no pueden realizarse en efectivo, sino a través de los medios autorizados por la propia norma, entre ellos, “tarjeta de crédito, compra o débito” (art. 1 inc. 4). Dicha norma también dice que los pagos que no se realicen por los medios autorizados no serán computables como deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable, aun cuando éstos acreditaren la veracidad de las operaciones, para lo cual se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 14 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones (art. 2). Este procedimiento consiste en la intimación de pago directa al contribuyente sin siquiera realizar la determinación de oficio, cuando las diferencias surjan de la propia declaración jurada.


Facultades de la AFIP.

Respecto de la ley de tarjetas de créditos, su autoridad de aplicación es el Banco Central de la República Argentina y la Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía de la Nación. También las provincias tienen facultades de aplicación, pudiendo delegarlas en los municipios y en organismos especializados.


Respecto de los decretos 1387/2001, 1402/2001 y 1548/2001, la autoridad de aplicación es la AFIP. En el caso de la Ley 25.345, la autoridad de aplicación es el Banco central de la República Argentina.


Cabe destacar que en ninguna de las normas citadas se prevén sanciones de multa, o clausura. Y aun si la previera, hay que destacar que la delegación de facultades legislativas al PEN impide de modo contundente dictar leyes de carácter tributario y penal (art. 99 inciso 3º Constitución Nacional). Esta pauta fue seguida de modo pacífico e invariable por la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableciendo el criterio de que el Congreso de la Nación no pude delegar en el Poder Ejecutivo –mucho menos en reparticiones administrativas, entes autárquicos o entes descentralizados- la configuración de delitos ni el establecimiento de penas; caso contrario se configuraría un supuesto de delegación de facultades legislativas indelegables quebrando el principio republicano de división tripartita de poderes.


Es importante destacar que la interpretación de toda norma legal debe tener en cuenta los fines para los cuales el legislador la sancionó. En este sentido, la normativa citada en el punto 1) tiene como finalidad fortalecer el sistema de tarjetas de créditos (en el caso de la ley 25.065) y el resto de las normas fueron dictadas en la situación de emergencia económica del año 2001 y tenían por finalidad fortalecer la liquidez bancaria ante la aludida emergencia y evitar un corrimiento de los depósitos en las entidades financieras. Por este motivo, también se las denominó normas de “bancarización” de los pagos. En ningún caso la normativa tuvo finalidades recaudatorias directas.

El caso más dudoso respecto de las facultades de AFIP es el de la ley 25.345, es decir respecto de los pagos superiores a $1.000. En este caso, cuando el contribuyente presenta las facultades de AFIP comienzan cuando el contribuyente presenta la declaración jurada y se permite al mencionado organismo no considerar como deducciones o créditos fiscales los pagos dados o recibidos superiores a $1.000 en efectivo. Esta es una consecuencia secundaria de dichos pagos, pues la sanción principal es la ineficacia del pago. Cabe aclara que esta ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa Mera Miguel Ángel (TF 27.870-1) c/ DGI, CSJN, 19/03/2014).


La AFIP reglamentó y aplicó indebidamente este conjunto de normas, desviándolas de su finalidad principal y aprovechando que el sistema de tarjetas y bancarización le es útil a los fines de comprobar operaciones no declaradas por el contribuyente. Estas acciones exceden completamente sus competencias e invaden las facultades de otros órganos de control estatal.

Se considera que este conjunto de normas y la aplicación sin distinción de criterio dimensional de la empresa, perjudica a los medianos y pequeños empresarios y beneficia a las grandes cadenas. Ello, porque éstas últimas cuentan con alianzas estratégicas y acuerdos con las entidades financieras que les permiten tener ventajas patrimoniales en el uso de las tarjetas de créditos, llegando al extremo de ofrecer productos y servicios más baratos si se los abona con tarjetas. Por el contrario, el pequeño y mediano empresario no tiene más que absorber los costos financieros que implica el uso de dichos medios de pago y la imposibilidad de contar con dinero efectivo para afrontar las obligaciones corrientes.


La normativa referida de la ley de tarjetas de crédito, a su vez, parece incompatible con la disposición de la ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor) en cuanto establece la obligación de informar al consumidor “el precio al contado, sólo para los casos de operaciones de crédito para adquisición de bienes o servicios” (art. 36 inc. b), lo cual pareciera indicar que en dichos casos se permite un precio al contado diferente al precio financiado, son distinguir el modo de dicha financiación.


Por otra parte, no existe la obligación de ningún empresario de celebrar un contrato con la emisora de una tarjeta de crédito, antecedente inevitable para contar con un “posnet”. De exigirse tal obligación, la misma sería absolutamente inconstitucional, por violar las garantías de libre ejercicio del comercio, libertad de contratación, libertad de organizar la propia empresa, etc.

Está claro que la AFIP no posee facultades para controlar si los establecimientos comerciales utilizan medios de pago y cobro electrónicos. Tampoco posee facultades de control acerca de la obligación de mantener los mismos precios al contado o con tarjeta. Las facultades de AFIP al respecto, se limitan a no imputar como crédito o deducción los pagos superiores a $1.000 realizados en efectivo. Dicha facultad nace al momento en que el contribuyente presenta la declaración jurada fiscal, no antes.

Los únicos entes facultados para controlar lo referente al precio al contado y con tarjeta son el Banco Central de la República Argentina, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación y los organismos provinciales autorizados al efecto.

Informe emitido por FECECO- 16 de marzo de 2015.-

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