Venezuela: el gobierno admite errores pero no afloja

El gobierno de Venezuela admitió que debe “corregir cosas” de los regímenes de control de cambios y de precios, pero subrayó que ambos serán mantenidos, y afirmó que tiene la “meta” de que este año se reduzca la demanda de energía eléctrica.

El canciller Elías Jaua reconoció ayer que hay “errores” en la administración del control de precios pero dijo que no se trata de desmontar el sistema sino de “gobernarlo bien y hacerlo eficiente”. Sostuvo que dicho régimen debe ser “correctamente administrado” para evitar que se rezague el reconocimiento de mayores costos y ello genere desabastecimiento, y se quejó de quienes “quieren eliminar el control de precios para poner los precios que les da la gana”.

Jaua afirmó también que el gobierno debe “corregir cosas” del control cambiario pero remarcó que las divisas que entran al país por la renta petrolera deben ser manejadas por el Estado y advirtió que no se asignarán dólares “a quien no produce”. “Hay que corregir lo que haya que corregir y combatir las corruptelas que haya que combatir”, remarcó el funcionario durante un acto partidario.

En tanto, el ministro de Energía Eléctrica, teniente retirado Jesse Chacón, anunció que el gobierno tiene la meta de que este año baje la demanda de electricidad. “Nuestra meta es que este año podamos reducir la demanda de una manera racional”, escribió en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, la Fiscalía General de la República informó que entre el 12 de este mes y anteayer miércoles fueron detenidas 183 personas por contrabando de productos de la canasta básica, combustible y “material estratégico”, de las cuales 133 quedaron con prisión preventiva, consignó la agencia noticiosa estatal AVN.

Mientras tanto, hubo nuevas opiniones a favor y en contra del registro de huellas dactilares para clientes de supermercados, que el gobierno anunció la semana pasada que debe estar listo en todos los locales estatales y privados del país antes del 30 de noviembre próximo.

“Le damos la bienvenida aunque no sabemos si va a funcionar”, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados, Autoservicios y Afines (Ansa), Luis Rodríguez, y agregó que en el sector había “confusión” porque se desconocía si el carácter “voluntario” del sistema, según lo indicó días atrás el presidente Nicolás Maduro, se refiere a la decisión de los comercios para instalarlo o a la de los clientes para utilizarlo.

El ex candidato presidencial Henrique Capriles llamó a que “ningún venezolano” acepte el sistema porque “viola los derechos constitucionales” y el presidente de Fedecámaras --la mayor federación patronal del país--, Jorge Roig, calificó la iniciativa como “humillante” e “indignante”.

El sistema fue rechazado también por el presidente de Empresas Polar --el mayor grupo alimentario privado del país--, Lorenzo Mendoza, quien aclaró que apoyaría cualquier otra medida que busque combatir el contrabando. “No puedo estar de acuerdo con una medida como ésa, con la cual se castiga a 28 millones de venezolanos por el contrabando que realizan unos pocos”, dijo Mendoza al inaugurar una planta de producción de harina de maíz precocida con la que Polar pasó a tener 49 por ciento de la capacidad instalada en Venezuela para elaborar ese producto, insumo del alimento más popular de los venezolanos, la arepa.

Venezuela --cuya industria local sólo satisface 40 por ciento del consumo cotidiano, según afirmó el vicepresidente Jorge Arreaza en marzo pasado-- sufre un creciente desabastecimiento de productos básicos como consecuencia de la escasez de divisas derivada del rígido control cambiario impuesto en 2003. A la vez, la escasez de la oferta de productos generó inflación, cuya tasa para los 12 meses a mayo último trepó a 60,9 por ciento, según datos oficiales, y es la más alta del mundo.

En ese contexto, el presidente de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas (Cavilac), Roger Figueroa, afirmó por televisión que la producción lechera cubre sólo 40 por ciento de la demanda nacional y que la industria quesera está “moribunda”. Y el titular de la Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven), Freddy Ceballos, pidió al Gobierno que establezca una “política de emergencia” para el sector, luego de que el ministro de Salud, Francisco Armada, admitiera la semana pasada que “hay un grupo de medicamentos que en efecto no existe”.

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