Venezuela: 8 heridos en protesta contra las captahuellas

Al menos cinco manifestantes y tres efectivos de la Policía Nacional resultaron heridos en la primera de dos protestas callejeras registradas ayer en Venezuela contra la anunciada instalación de registros de huellas dactilares en todos los supermercados del país.

Las manifestaciones --una en San Cristóbal, capital del estado andino Táchira, y la otra en el municipio caraqueño Baruta-- tuvieron lugar mientras se esperaba la publicación de los decretos que formalizarán la prohibición de exportar productos de la canasta básica, anunciada el viernes por el presidente Nicolás Maduro.

Los incidentes en San Cristóbal comenzaron a la madrugada, cuando un grupo de personas se reunió en la avenida Las Pilas para pronunciarse contra las captahuellas y también contra el aumento del boleto de colectivos y la situación de estudiantes presos por participar de protestas anteriores. Efectivos de la Guardia Nacional (policía militar) y la Policía Nacional reprimieron la manifestación con gases lacrimógenos y, con tres tanquetas, derribaron el portón de un edificio residencial.

Junto a Mérida, la capital del vecino estado homónimo, San Cristóbal fue una de las primeras ciudades donde estudiantes salieron a protestar a las calles a principios de febrero, en manifestaciones que a partir del 12 de ese mes se extendieron al resto del país y se repitieron cotidianamente hasta junio, con un saldo de 42 muertos y 873 heridos, según datos oficiales.

La otra protesta se registró por la tarde en la urbanización Santa Fe, en Baruta, donde efectivos de la Guardia Nacional dispersaron con gases lacrimógenos a decenas de vecinos que habían bloqueado una avenida, sin que se reportaran heridos.

El gobierno anunció la semana pasada que el 30 de noviembre próximo todos los supermercados del país, estatales y privados, tendrán funcionando un registro de huellas dactilares a fin de evitar compras reiteradas de productos que “podrían ser destinados al contrabando o a la economía informal”.

La oposición rechazó la medida y la comparó con la libreta de racionamiento que regula la distribución de alimentos en Cuba, crítica que fue acompañada ayer por dos dirigentes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y refutada por el vicepresidente Jorge Arreaza y otro sindicalista.

El secretario ejecutivo de la CTV, Froilán Barrios, afirmó que “con una baja en los cupos de alimentos básicos se empobrecerá la situación tanto del consumidor como la de los trabajadores, que también son consumidores y se verán afectados por la medida”.

“Este sistema no va a favorecer a los trabajadores por el solo hecho de que el gobierno les imponga las cosas”, agregó Pablo Castro, miembro del secretariado ejecutivo de la central obrera.

En tanto, Arreaza escribió en Twitter que “el captahuella no es para restringir compras, es para capturar contrabandistas” y “se aplicará para identificar a quienes juegan, roban y se lucran con los alimentos del pueblo”.

A la vez, el presidente del Sindicato de Trabajadores de Empresas Polar -el mayor grupo alimentario privado del país--, Frank Quijada, opinó que la instalación de captahuellas “ayudaría a controlar a que las compras sean más equilibradas” y “va a trabajar en pro de los consumidores”.

Mientras tanto, en el segundo semestre de este año disminuyeron la producción y los inventarios en 65 y 73 por ciento de las empresas fabriles, según la encuesta elaborada por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

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